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Finalmente no sirvieron de nada ni el aviso del Tribunal Supremo ni los de toda la oposición: el gobierno español acaba de aprobar en solitario en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la que pasará a la Historia como la ley que no le gusta a nadie, ni siquiera a sus propios creadores. El Partido Popular ya ha adelantado que la ley está incompleta y da un año de plazo para volver a modificarla. Estamos por tanto ante una ley con fecha de caducidad, por lo que cabe preguntarse si realmente valía la pena tanta prisa.

Sobre todo porque el tan manido mantra de “consenso” con el que el gobierno respondía a cada duda se ha quedado en nada: las únicas enmiendas aprobadas provienen del propio Partido Popular y no afectan a la intención del texto. De nuevo se repite la historia en España de un gobierno que tacha de su lista “ley para Internet” solo para poder decir que ha hecho su parte; mientras que los textos legales son cada vez mas complejos la realidad no cambia, pero eso poco importa. Los afectados por la ley llevan meses preparándose y es de esperar que solo provoque problemas a los pocos que han abandonado sus deberes.

Ley contra los enlaces

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La nueva LPI puede resumirse como la Ley contra los enlaces. Por una parte las páginas de descarga de contenido con copyright ya no son las únicas que serán perseguidas por la ley: las páginas de enlaces a contenido también pueden castigadas con penas de como mínimo 150.000 € y como máximo 600.000 € por colgar enlaces que “facilitan la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización”. Otro detalle es que a partir de ahora solo con enviar un correo electrónico al supuesto infractor se considera que este ha sido avisado. Así que si tenéis una web será mejor que reviséis el correo todos los días si no queréis ver vuestra página cerrada “accidentalmente”.

Los otros enlaces perseguidos son los que ofrecen los agregadores de noticias. A partir de ahora este tipo de sitios tendrán que pagar a los editores por reproducir “fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”. Es decir, que en el mismo momento en el que cogemos medio párrafo y enlazamos a la fuente original estamos vulnerando la ley. Es de esperar que sitios como Menéame y Google News se vean seriamente afectados.

Las consecuencia en ambos casos es clara y llevamos meses viviéndola: se está produciendo y se producirá una migración masiva de páginas al extranjero. Google ya ha hecho pública su “decepción” y asegura que están “valorando sus opciones”; ¿es posible que Google News en español cierre? Sería un bonito golpe a los partidarios de la ley aunque es posible que la compañía no quiera crearse enemigos.

Por lo demás, se ha confirmado el sucesor del canon digital, que ahora pagamos todos los contribuyentes; aunque dependiendo de lo que diga el Tribunal Europeo puede que veamos cambios en este sentido.

Fuente | El País